La nueva interventora del Ayuntamiento de Mijas, Isabel Garrido, ha sido la encargada de explicar en el pleno celebrado hoy el punto relativo al expediente de fiscalización previa limitada, que llegaba a la sesión como moción de urgencia. La habilitada nacional destacó que este documento recoge los requisitos establecidos por el acuerdo del Consejo de Ministros y los adicionales incluidos por la Administración local “para garantizar que estén los informes y la documentación necesaria para que se puedan tramitar”. “Lo que se realizará a través del Plan Anual de Control Financiero, que aprobaremos a través de un sistema de auditoría, y ya entraremos mucho más en el expediente y eso derivará finalmente en unos informes definitivos que derivarán en un plan de acción que deberá elaborar el equipo de gobierno con el fin de mejorar y de limar todas esas incidencias que pueden aparecer en esos expedientes como fruto de ese control”, aclaró la habilitada nacional. 

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, el popular Mario Bravo, explicó los cuatro objetivos que se persiguen con el expediente de fiscalización previa limitada, “los objetivos de este son: mejorar de manera continuada los procedimientos de gestión económica financiera de la entidad, conseguir una rigurosa verificación de los aspectos de legalidad de los respectivos expedientes, a la vez que una eficiente, ágil y garantista respuesta de los órganos de control interno, establecer los requisitos a comprobar para cada tipo de los expedientes para que sea trascendente comprobar de forma previa en el proceso de gestión y, por último, reducir el periodo medio de pago de la entidad para que a medio plazo la administración pueda lograr no tener que acogerse a plan de pago de proveedores”. El edil también añadió que “creo que estos son los pasos apropiados que había que dar y había que hacerlo cuanto antes para poder cumplir con todas la facturas que tenemos atrasadas, por eso, no lo hemos tratado en un pleno siguiente”. 

 

Oposición

Desde los partidos de la oposición han dado la bienvenida a este nuevo criterio, aunque tanto desde la bancada socialista como desde la de Ciudadanos han planteado algunas cuestiones. “Creemos que esto, a pesar de que la intención puede ser buena, que no lo dudamos, y veremos en la práctica si lo es o no lo es. Lo que no ha explicado la otra parte: el peso de la responsabilidad parece que cae ahora más sobre los técnicos municipales que van a cambiar la forma de trabajar y es bueno que también lo sepan”, comentó en una de sus intervenciones el portavoz del PSOE, Roy Pérez. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Martín, cuestionó que “si esa fiscalización que se va a hacer a posteriori, esa auditoría, si en un momento determinado detectan que ha habido una infracción de la legalidad vigente, la infracción ya se ha cometido”, y consideró que “si al final esto funciona y hace que sea todo más ágil, pues bienvenido sea”. 

Control

A la fiscalización previa limitada, aclaró Garrido, llegarán solo aquellos expedientes que cumplan con la Ley de Organización y Funcionamiento y cuenten con informes favorables por parte de las correspondientes áreas o departamentos. “Yo creo que con esta fiscalización previa limitada, cada uno tiene que responsabilizarse del cargo que ocupa, de la responsabilidad que supone el impulsar un expediente y que esos expedientes vengan de acuerdo a la normativa y ley establecida. Por tanto, creo que será bueno para todos y desde la responsabilidad que asumimos cada uno, aquí los distintos departamentos tienen que abordar la situación para que todo venga como tiene que venir”, concluyó, por su parte, la alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP). 

El punto, que se ha presentado por la vía de urgencia, ha salido adelante con los votos a favor del PP, Vox y PMP; el PSOE ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido. 

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