Independiente de los procesos individuales que ya han presentado, los empleados del CIO Mijas han decidido interponer conjuntamente una querella criminal para dar solución al problema de impago de nóminas que vienen sufriendo desde noviembre de 2014. Una cantidad que, según el abogado que los representa, Jordi Ventura, se aproxima a los 250.000 euros. “No es que la Junta no pague porque no pueda, sino porque no quiere, porque la otra parte implicada en el consorcio (Ayuntamiento de Mijas) sí que rápidamente se movió para abonar el 20 por ciento que le correspondía para proceder a la liquidación del consorcio”, ha explicado el abogado que representa a los trabajadores del CIO Mijas, Jordi Ventura.

Los empleados también denunciarán presuntos delitos contra la situación de insalubridad e inseguridad a la que se ven sometidos en su puesto de trabajo, al que tienen que acudir diariamente a pesar de que el centro esté cerrado y carezca de actividad. También podría haberse cometido otro posible delito de prevaricación por el incumplimiento del presupuesto destinado en su día para garantizar el funcionamiento de este centro. El letrado ya está estudiando toda la documentación para determinar los posibles responsables de los presuntos delitos. “Estamos comprobando que, desde que se comienzan a producir los hechos en noviembre de 2014 hasta la actualidad, hay diferentes personas implicadas en este proceso. Por eso, tenemos que analizar detenidamente toda la documentación”, señalaba Ventura.

El edil de Costa del Sol Sí Puede Mijas, Francisco Martínez, ha mostrado de nuevo su apoyo a los trabajadores y ha responsabilizado directamente de este problema a la presidenta de la Junta, Susana Díaz. “Parece que el Gobierno andaluz se olvida de que estos trabajadores son personas con familias e hijos, a los que no les está haciendo caso y que están viviendo un drama económico”, exponía el edil.

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Juan Antonio Perles, también ha defendido por su parte que los empleados recurran a la vía penal aunque se trate de un conflicto laboral. “Entendemos que en este caso se producen circunstancias excepcionales, entre ellas, que hay una administración pública implicada y que existen sentencias judiciales favorables para los trabajadores”.

Para finalizar, el abogado de los empleados ha argumentado que el procedimiento de una querella criminal también es más rápido que una denuncia laboral y ofrece más garantías para que los afectados puedan cobrar su parte adeudada.

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