El exalcalde de Mijas, Ángel Nozal (PP), y el exconcejal de Contrataciones Marcos Cortés (PP) han sido llamados a declarar el 23 de noviembre como investigados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola por la construcción de la nave levantada en los aledaños de Mijas Comunicación. Este juicio, en el que también está citado a declarar como investigado el constructor, tiene su origen en una denuncia interpuesta por el PSOE contra Nozal por entender que las obras, presuntamente, se realizaron sin licencia y sin seguir el procedimiento de contratación pública. Los trabajos de la nave comenzaron en 2014, siendo Nozal alcalde y presidente del Consejo de Administración de Mijas Comunicación.

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José Antonio González, secretario de Organización del PSOE mijeño, valora el hecho de que Nozal, “aunque sea en sede judicial”, dé explicaciones sobre esta nave, “cosa que no ha hecho públicamente todavía”. El también concejal socialista y diputado provincial explica que dieron el paso de la denuncia tras comprobar que la nave no contaba con expediente de contratación y que, al mismo tiempo, el entonces equipo de gobierno popular no se pronunciaba sobre qué procedimiento se había seguido para construir la infraestructura. “Los mijeños tienen derecho a saber cuánto costó esta obra, por qué no se siguieron los protocolos establecidos legalmente y por qué no constaba licencia alguna al respecto”, destaca González. El secretario de Organización socialista añade que el Consistorio tiene que dar ejemplo en este aspecto, ya que si “a los vecinos les requerimos que presenten todo tipo de documentación y que sigan al pide de la letra la burocracia, tan pesada para todos, el Ayuntamiento no puede ser menos y tiene que cumplir con todos los trámites administrativos que él mismo exige”. Asimismo, los socialistas piden que no se interfiera en la acción judicial y se respete “la presunción de inocencia de los investigados”.

Versión del PP
El portavoz adjunto del PP, Mario Bravo, a preguntas de la prensa, ha explicado que el suelo sobre el que se asienta la nave es compatible con el uso que le dio “el Partido Socialista durante 30 años, es decir, la instalación de la sede de unos medios de comunicación municipales, allí tiene su sede la televisión, la radio y el periódico”. Bravo argumenta que al tratarse de unos terrenos y de una obra municipales “no hacía falta darse licencia a sí mismo”, y afirma que, “según creemos, el expediente por una posible infracción urbanística se investigó, se archivó y se cerró, por lo tanto, lo que se está discutiendo es una irregularidad administrativa en el proceso de contratación”. Bravo asegura que “el Partido Popular colaborará con la justicia e informará de todos los datos y hechos que conoce”.

El Partido Popular considera que en el caso de que la nave no sea objeto de ninguna infracción urbanística, debería terminarse y ponerse a disposición de los profesionales de Mijas Comunicación, “para que puedan hacer bien su trabajo y puedan instalar todos los equipos que se compraron en la anterior legislatura” y “conseguir así el objetivo con el que se construyó la nave, que fue el de mejorar el servicio que una empresa municipal presta a todos los ciudadanos”, concluyó Bravo.

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