La parcela de 13.360 metros cuadrados correspondiente al Karting de Mijas sale próximamente a subasta al tener la Agencia Tributaria el embargo sobre esta propiedad de la empresa municipal Recursos Turísticos de Mijas. El importe aproximado del principal de la deuda de esta sociedad con Hacienda es de 200.000 euros, débito que ha llevado a esta situación. La sociedad está participada en un 93 por ciento por el Consistorio y en un 7 por ciento por Unicaja y, según asegura el equipo de gobierno, ha cometido en la gestión de este espacio “presuntas múltiples irregularidades”.
El equipo de gobierno destaca en una nota de prensa que tanto el exalcade del PP Ángel Nozal como la popular Lourdes Burgos, por entonces consejera delegada de Recursos Turísticos Mijas, “consintieron” la construcción del karting sin licencia de obra y su uso sin la correspondiente calificación ambiental ni la licencia de apertura. Asimismo, desde el equipo de gobierno de Ciudadanos se sostiene que Burgos firmó en febrero de 2012 un contrato con la arrendataria del karting donde le cedía el terreno durante las siguientes dos décadas para el uso de dicha actividad.
Según el Plan Parcial esa parcela debe dedicarse a temas educativos y una parte de la misma es zona verde, “luego eran conocedores de que los terrenos en el futuro desarrollo del sector pertenecían al Ayuntamiento de Mijas y no a Recursos Turísticos, debiendo someterse a un procedimiento de contratación pública para su disposición”, a pesar de ello, explica el equipo de gobierno, “Burgos se comprometió hasta 2032 con la empresa de la actividad automovilística para el uso de la misma”. Desde Alcaldía se preguntan qué criterios o informes técnicos y jurídicos se siguieron desde el gobierno del Partido Popular para alquilar una parcela tan extensa por tan solo 1.200 euros mensuales.
Vista esta situación de presunta irregularidad, con la llegada de Juan Carlos Maldonado (C's) a la Alcaldía, se dio luz verde al cierre cautelar de la actividad de karting, pues, según el equipo de gobierno, no eran unas instalaciones seguras. Otra medida adoptada fue iniciar un expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado para la demolición de lo “construido sin amparo de licencia municipal”. Por último, el expediente de restablecimiento genera la incoación de un expediente sancionador por ejecutar actos sin licencia.
Este tema y otros tantos que emanan del Hipódromo Costa del Sol están ya en manos de la Asesoría Jurídica por si hubiera indicios de delito, ya que en la gestión del recinto hípico han aparecido presuntas irregularidades de diversa índole, según fuentes de Alcaldía.
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