La talidomida era un medicamento que tomaban las mujeres embarazadas para, entre otras aplicaciones, evitar las náuseas durante la gestación. Dicho medicamento, muy popular los años 50, fue retirado en la mayor parte de los países europeos en 1962, tras demostrarse que era el causante de problemas en el desarrollo de los fetos, aunque en España no sería hasta quince años después cuando se prohibió su uso, afectando a más de 3.000 niños.

En respuesta a la petición de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, Servicios Sociales ha propuesto que los afectados de nuestro país tengan los mismos derechos que en el resto de Europa: “una indemnización, una pensión vitalicia que les garantice una subsistencia digna, unidades médicas y psicológicas especializadas y la gratuidad en los medicamentos y las prótesis”, explicó la edil del ramo, Carmen Carmona.

Todos los grupos municipales respaldaron íntegramente el documento de la asociación, solicitando el apoyo institucional, y que se inste a la farmacéutica y al Gobierno central a que se reconozcan los derechos antes citados.

Silvia Marín, del grupo popular, apoyó la moción “por venir de manos de un mijeño que sufre las consecuencias de esta vacuna”, con el convencimiento de que la empresa debe indemnizar a las víctimas. En el mismo sentido se expresó la socialista Tamara Vera, con el deseo de “trabajar de forma conjunta y consensuada” para que las víctimas de este medicamento “sean definitivamente reconocidas y para que la farmacéutica se responsabilice”. Francisco Martínez, del grupo de CSSP, añadió que “se trata de un clamor popular en contra de una sentencia de una justicia que, en ocasiones, no ve más allá de sus libros”. 

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