La Policía Local de Mijas está indagando acerca de la autoría de unas pintadas amenazantes e insultantes contra el alcalde Ángel Nozal, que aparecieron el 29 de diciembre en las cercanías del negocio que posee la esposa del regidor en La Cala y en las que se le calificaba de “fascista” y se le intimidaba diciendo: “estás en nuestra lista”. Los actos vandálicos han afectado tanto a espacios públicos como instalaciones privadas. Los grafitis también se han producido en la senda litoral, tanto en una pasarela de madera, donde se podía leer: “Bienvenidos al infierno”, como en uno de los carteles informativos. Asimismo, los agentes encontraron otras pintadas en un paso subterráneo por el que se accede a la playa, con insultos hacia el primer edil. 

Primeros resultados
Durante las pesquisas, los policías fueron informados de que, el día de antes de efectuarse las pintadas, tres jóvenes “llamaron la atención de los vecinos de la zona”, cuyas aportaciones han facilitado la identificación de los sospechosos, “relacionados con ideología de extrema izquierda”, señalaron fuentes municipales. Un dato que presuponen los policías además por el cariz de las palabras pintadas, entre las que sobresale el acrónimo ‘1.3.1.2’, que significa “todos los policías son bastardos” y que es empleado por grupos antisistema. 
El primer resultado se consiguió visionando las imágenes de un establecimiento en el que los sospechosos adquirieron el spray con el que pudieron pintar las frases y que coincidían con la descripción de los vecinos. Los funcionarios reconocieron a uno de ellos, quien admitió haber estado en el lugar cuando se produjeron los hechos, a los que calificó de “derecho de expresión”, y dio información de las otras dos personas que le acompañaron. Así, el día 31, después de denunciarse formalmente los hechos, el joven tuvo que acudir a la Jefatura y lo hizo en compañía de su padre y de un abogado.
Por otro lado, la esposa del alcalde también ha presentado una denuncia por las amenazas y los daños causados por los grafitis ante la Guardia Civil, que remitirá sus conclusiones al juzgado. 

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