El coordinador general de Residuos en el Ayuntamiento de Mijas, José María Moreno, ha informado hoy de lo que, a su juicio, es “un escándalo mayúsculo” en materia de medio ambiente, y que tiene que ver con la gestión de la ya cerrada planta tratamiento de residuos de Enrterríos, durante los años de mandato de los últimos gobiernos del PSOE. Y es que un informe técnico externo, contratado por el Consistorio, ha detectado irregularidades por valor de entre 7 y 9 millones de euros, por parte de la empresa concesionaria de esta infraestructura, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) mientras gestionó la mencionada planta. Es por ello, que el ente local, dirigido por Ángel Nozal, se plantea ahora llevar este asunto a los tribunales para “recuperar hasta el último céntimo indebidamente cobrado a todos los mijeños” durante los quince años en que esta multinacional operó en Entrerríos.

“Las conclusiones son muy graves. Estamos hablando de que FCC no ha cumplido con las responsabilidades contractuales firmadas en el contrato de explotación. Entre otras cosas, porque en este documento se comprometía a separar los residuos correctamente y lo que allí lo que teníamos, hasta finales de 2011, era un auténtico vertedero en el que no se trataron los residuos conforme a lo estipulado”, explicó Moreno.

Entre estas anomalías, como prosiguió, está el incumplimiento de la autorización ambiental integrada que la Junta de Andalucía otorgó a FCC para la explotación de la planta. Este permiso autonómico obliga a la concesionaria, una vez que se declarara el cierre de esta infraestructura, a que ejecute el sellado y clausura de la planta. Estas tareas precisan de una inversión de más de tres millones de euros, que ahora, como ha determinado el referido informe, tiene que pagar la multinacional.

“En el momento que este equipo de Gobierno del Partido Popular tomó posesión del Ayuntamiento, parece que aquí nadie discutía de que este dinero tenía que salir de las arcas municipales. Pero ahora no hay dudas de que corresponde a la titular de la autorización ambiental integrada, es decir a FCC”, dijo.

Además, el documento técnico desvela que la empresa concesionaria revisó al alza “a casi del doble y al año de empezar a estar en vigor la concesión”, el precio del pesaje de cada tonelada de desechos para su tratamiento. Un caso que, para Moreno, “es extraño,
ya que hubo empresas que concurrieron al concurso público para hacerse con la gestión de la planta –en 1994- que fueron rechazadas por tener precios desmesurados, y un año después se pagaba incluso más de lo que anteriormente se decía que era muy caro”.

Igualmente, el documento técnico alerta de alteraciones de criterios de revisión anual de precios, “provocando desajustes de consideración de la facturación” durante el periodo de la concesión, así como de conceptos indebidamente facturados. De esta forma, según las primeras estimaciones, en total, “podríamos estar hablando de entre siete y nueve millones de euros en irregularidades de gestión”.

Por todo ello, los actuales responsables municipales están estudiando trasladar las irregularidades que pone de manifiesto este informe a los juzgados para recuperar estas cantidades millonarias salidas del bolsillo de todos los mijeños.

“Este equipo de Gobierno va a defender los intereses, hasta el último céntimo, de lo que le corresponde a Mijas y a todos sus habitantes. No vamos a regalar ni un céntimo a nadie, como hicieron anteriores equipos de Gobierno del PSOE, que deberían dar explicaciones a cerca de estos graves asuntos, ya que, en política, los desmanes no prescriben”, concluyó.

La planta de tratamiento de residuos de Entrerríos comenzó a funcionar en el año 1994, cuando el Consistorio estaba gobernado el PSOE. Cuando el actual ejecutivo, liderado por Ángel Nozal, llegó al poder –en 2011-, tomó la decisión de cerrarla tras advertir, cuando estaba en la oposición, algunas de las deficiencias de gestión que ahora recoge y confirma el informe técnico. De hecho, como recordó José María Moreno, “hay un proceso abierto en los juzgados que denunciaba daños medioambientales en la zona” y que inició el Partido Popular. 

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