Las arcas municipales del Ayuntamiento de Mijas se enfrentan al pago de unos 350.000 euros, según sentencia dictada por los tribunales y actualmente en fase de apelación, por facturas no satisfechas entre los años 1997 y 2010 por la extracción de áridos de la cantera del Puerto.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 5 de los de Málaga ha dado así en parte la razón a la sociedad Dolomitas Españolas S.A. contra el Ayuntamiento de Mijas en la demanda formulada en febrero de 2011, y en la que llegaba a reclamar un monto total de 703.661 euros.

La referida sociedad tenía hasta junio de 1998 la concesión de la explotación de la cantera del Puerto, tras lo cual, en 2002, Ayuntamiento y Dolomitas Españolas conveniaron la restauración de la explotación, proceso que finalizó a principios de 2011. En virtud de dichos trabajos de restauración, el Ayuntamiento de Mijas obtuvo 1.400.000 metros cúbicos de material árido.

Sin embargo, las facturas presentadas ante el Ayuntamiento por la empresa concesionaria - perteneciente al Grupo Sando - nunca se llegaron a satisfacer, lo que originó la presentación de la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

A pesar de que la deuda reclamada por la empresa ascendía a 703.661, el Tribunal entiende que el Ayuntamiento sólo debe pagar facturas por valor de 240.634,59 euros – declarando el resto prescritas- más los correspondientes intereses de demora, que según el concejal de Economía y Hacienda, Mario Bravo, podrían superar los cien mil euros. No obstante, el equipo jurídico municipal ha decidido apelar la sentencia con el objetivo de salvaguardar al máximo los intereses del Ayuntamiento de Mijas.

“Esta ha sido la sorpresa de la semana”, señaló el concejal de Economía y portavoz del equipo de gobierno, quien dijo que “hemos criticado con dureza la herencia que hemos recibido y siempre hemos mantenido que lo que más nos preocupaba era lo que desconocíamos, cuántas facturas más de este tipo nos vamos a encontrar y en cuantos pleitos más nos vamos a ver”.

Mario Bravo, quien calificó como “herencia envenenada” la recibida por el actual equipo de gobierno, vinculó la sucesión de sentencias en contra del Ayuntamiento a “la política sin sentido común” desarrollada por anteriores gobiernos municipales consistente en “comprar hoy, que ya pagará alguien”.

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