El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de los de Málaga ha condenado al Ayuntamiento de Mijas a devolver a una promotora inmobiliaria más de 600.000 euros, más los intereses de demora correspondientes, que fueron ingresados en las arcas municipales entre los años 1995 y 2005 por un convenio urbanístico que nunca se ejecutó.

Se trata de un convenio urbanístico firmado en 1994 entre el Ayuntamiento de Mijas y la empresa Nueva Entrerríos S.L. que preveía el desarrollo de un sector que no se llegó a incluir en el Plan General de Ordenación Urbana de 1999. Sin embargo, la promotora ingresó en 1995 en las arcas municipales 25.000.000 de las antiguas pesetas (unos 150.000 euros).

En 2001, empresa y Ayuntamiento firmaron otro convenio por el que se detallaba que en el sector se construirían 770 viviendas sobre 1 millón de metros cuadrados, así como un campo de golf en un sistema general de unos 170.000 metros cuadrados. Merced a este nuevo acuerdo, la promotora ingresó en el Ayuntamiento otros 150.000 euros. Ambas cantidades son las resultantes de la monetarización del 10% de cesión de suelos al Ayuntamiento, a las que hay que añadir los 306.000 euros depositados por la empresa en 2005 como pago de la factura de la redacción del proyecto para el desdoblamiento del Camino de Coín por la Avenida de Andalucía.

Sin embargo, en 2005 entró en vigor el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol, norma que confería a los terrenos donde se iban a construir las 770 viviendas y el campo de golf una “especial protección territorial”, según explicó el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, lo que impidió el desarrollo y ejecución del convenio urbanístico.

“Tenemos un convenio urbanístico que no se ha cumplido, por el que el Ayuntamiento cobró seiscientos mil euros y una sentencia que nos obliga a devolver el dinero”, dijo Navarro, quien aseguró que “esto es otro de los muchos pinchazos del PSOE de Mijas”, ya que “los anteriores gobernantes debieron haber devuelto el dinero en 2005, cuando entró en vigor el POT y supieron que no se podía desarrollar el convenio”.

Navarro, que calificó este caso como “una muestra más de facturas en los cajones” calificó de “grave” la situación porque los anteriores gobernantes del Ayuntamiento de Mijas “se comprometieron a modificar el Plan General y al desarrollo del planeamiento”, circunstancias que “no se cumplieron” y que ahora “con el dinero de todos los mijeños, tenemos que pagar”.

El responsable de la política urbanística municipal se lamentó del hecho de “que soy el concejal de Urbanismo del mandato 2011-2015 y estamos tratando de resolver problemas de los concejales de los años 1994 a 2005”, lo que a su juicio resta tiempo para “dar solución” a demandas y necesidades de los vecinos de Mijas. “Estamos barriendo la basura que nos han dejado, esta por más de cien millones de las antiguas pesetas”, lo que calificó como “herencia envenenada”.

Manuel Navarro anunció que el equipo de gobierno consignará esos 600.000 euros en los próximos presupuestos municipales, cantidad de la que dijo “se sabe que fueron ingresados en el Ayuntamiento, pero nadie sabe en qué se lo gastaron. Probablemente en ferias, fiestas y verbenas”.

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