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Viernes 19/04/2024

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Frenar la violencia de género requiere la implicación de toda la sociedad

El balance del trabajo realizado desde la Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana, que dirige la diputada Pilar Conde, vuelve a poner sobre la mesa los preocupantes datos relacionados con la violencia de género.

El balance del trabajo realizado desde la Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana, que dirige la diputada Pilar Conde, vuelve a poner sobre la mesa los preocupantes datos relacionados con la violencia de género: 4.492 atenciones a más de 1.800 mujeres y a 138 de sus hijos e hijas, a los que también se trata de ayudar a superar la difícil situación a que se enfrentan en sus hogares con una terapia psicológica especializada.

Las estadísticas reflejan un incremento anual del diez por ciento de esas atenciones, que se refieren tanto al ámbito psicológico, como jurídico y social, a estas mujeres que se han decidido a pedir ayuda para salir de esa dependencia emocional y, lamentablemente, también en una gran mayoría de casos económicos, que les une a sus maltratadores.
Se trata además de mujeres que residen en municipios rurales de la provincia, la mayoría de ellos, menores de 25.000 habitantes, donde el problema de la violencia de género adquiere connotaciones más preocupantes y donde los lazos de vecindad o familia, más arraigados, en lugar de convertirse en una red de apoyo y solidaridad, se revelan como otro elemento más de presión que lleva a la mujer a guardar silencio.

Aunque cueste creerlo, aun sigue vigente en buena medida en nuestros pueblos esa idea del ‘aguante’, aguantar a ese hombre que en su día se eligió, cuya relación fue bendecida, y más aun si hay hijos de por medio.
Es por eso que el hecho de que haya aumentado el número de mujeres que han dado el paso firme de acudir a la Delegación de Igualdad de la Diputación para buscar ayuda ante un caso de violencia de género, tiene una doble interpretación: de una parte, la constatación de que hay que seguir trabajando incesantemente en combatir esta realidad, formando a la población en igualdad y avanzando en lo que creemos puede estar en la base de un vuelco esperanzador en el futuro a estas estadísticas: la adopción de políticas inclusivas en materia de igualdad, acciones que alcancen a todos los sectores y colectivos, desde la escuela, en la familia y por supuesto, sin dejar aparte al hombre. Incorrecto sería aceptar que hablar de igualdad es cuestión exclusiva de mujeres. ¿Dónde está la coherencia de ese planteamiento?
De otra parte, el hecho de que haya más mujeres que han decidido acudir a un servicio especializado que les va a dar las pautas para que sus vidas cambien de dirección es desde luego un acicate, porque el mayor de los peligros para la mujer en estos casos es el silencio.

Aún sigue vigente en buena medida en nuestros pueblos esa idea del ‘aguante’ En lo que llevamos de año, son 30 las mujeres asesinadas en nuestro país por sus parejas o exparejas, de ellas, 7 residían en Andalucía, comunidad que se sitúa así a la cabeza de este triste ranking, convirtiéndose en la región con mayores víctimas mortales hasta la fecha. De esas 7 sólo una había denunciado.
Es ese silencio de la víctima el mayor riesgo para la mujer; detrás se encuentran múltiples factores que, a veces, hacen tan difícil la comprensión de este tipo de violencia (lazos sentimentales que pueden estar aun vivos a pesar de la violencia, esa dependencia que se genera y explota el maltratador, una vulnerabilidad económica acrecentada por la coyuntura del momento actual, cuestiones culturales y religiosas, miedo y, por supuesto, los hijos, si los hay…).

Por eso, romper ese silencio ayudar a la mujer que atraviesa esta situación a hacerlo, buscando apoyo profesional, es el principal reto que hoy tienen las administraciones y los representantes públicos en este campo para frenar esa lacra que cada vez alcanza además a mujeres más jóvenes, incluso adolescentes.
Pero la responsabilidad no es solo de los políticos o los profesionales que trabajan con las víctimas (abogados, psicólogos o trabajadores sociales, cuya labor es admirable), sino que es una responsabilidad conjunta de toda la sociedad.

La implicación de los ámbitos educativo y sanitario es fundamental en materia de prevención y, por supuesto, siempre, en primer lugar, la propia familia.
Los padres y madres tenemos la obligación de educar a nuestros hijos en igualdad, en el respeto al otro, de ayudarles a convertirse en hombres que el día de mañana no puedan considerar a su pareja como un objeto de su propiedad, y de educar a nuestras hijas para que sean personas independientes, autónomas tanto emocional como económicamente. 

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