La Diputación de Málaga ha realizado más de 2.000 atenciones individuales a mujeres víctimas de la violencia de género durante el pasado 2012 en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Concretamente, desde el Área de Igualdad y Participación Ciudadana, se registraron 445 atenciones del ámbito jurídico, 717 del ámbito social, 874 del psicológico y 159 a menores.

Así lo ha dado a conocer hoy la vicepresidenta tercera y responsable de Derechos Sociales, Ana Mata, acompañada por la diputada de Igualdad y Participación Ciudadana, Pilar Conde, durante el acto inaugural de la jornada formativa dirigida a los abogados que atienen el teléfono 900 77 11 77 de asistencia a las mujeres víctimas de malos tratos. Un encuentro en el que también ha estado presente como ponente la fiscal delegada en Andalucía de Violencia de la Mujer, Flor de Torres y al que han asistido medio centenar de letrados adscritos al servicio gratuito de atención telefónica.

Igualmente, Mata ha detallado que se ha atendido a 159 menores, con una media de edad en torno a los 10 años, desde la puesta en funcionamiento el pasado verano del servicio de apoyo psicológico a los hijos de las víctimas.

Por su parte, Conde ha informado de que el ente supramunicipal “ha concedido ayudas económicas a medio centenar de víctimas, por un importe total de 20.000 euros, que se han destinado a cubrir manutención, desplazamientos, pago de servicios mínimos, y en general ayudas de emergencia”.

Asimismo, ha añadido que 35 mujeres cuentan con móviles de seguridad puestos a su disposición por el Área de Igualdad.

En relación al teléfono gratuito de atención a las víctimas, el número 900 77 11 77, la vicepresidenta informó de que el pasado año hubo 240 llamadas de solicitud de asistencia jurídica.

Concretamente, ha recordado que el citado teléfono 900 es fruto de un convenio con el Colegio de Abogados, se puso en marcha en 1998 y el número de abogados del turno de Violencia de Género que integran el equipo se ha ampliado de 20 a 50 miembros a finales de 2011.

Este servicio telefónico ofrece la posibilidad de asesoramiento previo a la iniciación de cualquier proceso y sirve para canalizar las demandas de acogimiento urgente de las mujeres y sus hijos cuando es necesaria la salida del domicilio.

Mata ha insistido en el objetivo por parte de la Diputación de “romper con la desigualdad territorial” y ofrecer un apoyo integral a las víctimas de municipios menores de 20.000 habitantes. Por ello, ha calificado como un “acierto” la puesta en marcha en 2012 de los puntos de información de la mujer donde se ha ofrecido este servicio de atención, así como la constitución de todas las mesas de coordinación comarcal contra la violencia de género de la provincia.

Para 2013, la responsable de Derechos Sociales aboga por una apuesta firme en materia de prevención. Ya el pasado ejercicio cerca de 2.400 personas participaron en las actividades orientadas en este sentido y que se realizaron en 40 municipios pequeños, tales como talleres en institutos, módulos en las aulas familiares, formación personal de la Diputación, de los Servicios Sociales, e iniciativas organizadas con motivo del día mundial contra la violencia de género.

“Nuestro objetivo para este 2013 va a ser mantener y acercar todavía más los recursos de atención integral a las mujeres de cada uno de los municipios, además de ofrecer un mayor impulso a la prevención, principalmente en edades tempranas, en la formación a los padres y madres para que eduquen en igualdad a sus hijos. Sin olvidar la realización de campañas de difusión del teléfono 900 77 11 77”, ha subrayado Mata.

Descenso del número de homicidios en Andalucía

Por su parte, la fiscal delegada en Andalucía de Violencia de la Mujer, Flor de Torres, aunque todavía se está trabajando en la memoria anual de la Fiscalía, ha adelantado que la cifra de víctimas mortales en la región ha descendido en 2012, pasando de 16 a 5 las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas el pasado año.

No obstante, ha incidido en que ninguna de las fallecidas había denunciado y por tanto, “no existía ninguna actuación judicial previa” y por ello ha reivindicado la necesidad de que las víctimas den el paso y denuncien su situación a fin de que el “sistema judicial pueda protegerlas”.

Para la fiscal delegada lo más importante, “más que la pena que se imputa al agresor es garantizar la protección de las víctimas y de ahí el imperativo de la Ley Integral de que haya coordinación entre todos los lazos de conexión en torno a la víctima para que exista una detección precoz de la violencia de género”.

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