El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas elevará a la próxima sesión plenaria una propuesta para facilitar, en caso de ser aprobada, el fraccionamiento del pago de las multas coercitivas y sanciones urbanísticas hasta un plazo máximo de diez años.

El articulado de la propuesta, elaborada por el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro y hecha pública hoy por el portavoz del equipo de gobierno, Mario Bravo, señala que el aplazamiento será vigente “sólo para el periodo que dure el proceso de regularización de viviendas”, con una cuota mínima de “50 euros mensuales de amortización e intereses”.

No obstante, la cuantía de los plazos para el pago de las sanciones urbanísticas o multas coercitivas será determinada por Alcaldía, en función de la capacidad económica de la persona física o jurídica sancionada, demostrable mediante declaración responsable.

Las multas coercitivas han sido durante años el instrumento utilizado por el Ayuntamiento de Mijas para tratar de obligar a los propietarios de viviendas o edificaciones irregulares a demoler la construcción. La cuantía de las mismas era del 10 por ciento del valor de la obra ejecutada y el Ayuntamiento disponía de la potestad de sancionar hasta diez veces por la misma cuantía, hasta alcanzar el valor total de la edificación.

“Dichas sanciones son, en la mayoría de los casos, de elevada cuantía, por lo que el abono de las mismas se hace muy difícil para los sancionados con escasos ingresos económicos”, asegura el concejal de Urbanismo en su propuesta.

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