Vecinos de las urbanizaciones Butiplaya y Colonia San Pablo han emprendido acciones legales contra la nueva ubicación del chiringuito Los Morenos. Según explican los propios demandantes, los trabajos de construcción de este nuevo merendero comenzaron en el mes de septiembre, contando para ello con la autorización de la Junta de Andalucía, que dio la concesión administrativa, y del Ayuntamiento de Mijas, que otorgó la licencia de obras. Pero, lamentan, no se ha tenido en cuenta la opinión del medio millar de personas que, afirman, habitan alrededor de este chiringuito, con primera o segunda residencia. “Hemos echado en falta una comunicación del chiringuito o del Ayuntamiento, porque esto nos perjudica bastante. Nosotros no tenemos nada en contra del propietario del chiringuito ni de nadie, solo rechazamos la situación y cómo se ha llegado a esto”, señaló Francisco Gil, vecino de la urbanización Colonia San Pablo.
Por su parte, Rosanna Alonso, vecina de esta misma urbanización, manifestó que “el informe dice que esta estructura de más de 200 metros cuadrados es desmontable pero estamos viendo que hay hormigón, cemento y ladrillo, en una playa de escasa longitud, justo al lado de las viviendas y obstaculizando completamente el paso a la playa”.
Igualmente, el presidente de la comunidad de vecinos de la Urbanización Butiplaya, Georg Josef Evers, mostró su rechazo a que “el chiringuito se construya tan cerca de algunas de nuestras casas, por las molestias de ruido que vamos a tener, el humo de la cocina que va a entrar a nuestras viviendas, etcétera”.
Los vecinos insisten en que esta denuncia, a la que también se ha sumado Ecologistas Malaka, no se hace en contra de la actividad que presta el establecimiento. Lo que se rechaza es su nueva ubicación, tanto es así que piden su paralización y posterior demolición, porque, según añaden, también podría dañar el medio ambiente y el ecosistema marino de la zona. “Hemos recurrido la concesión administrativa de la Junta y la licencia de obras que ha dado el Ayuntamiento de Mijas porque no queremos que se urbanice el litoral”, explicó Javier de Luis, representante del grupo ecologista, añadiendo que “la Demarcación de Costas del Ministerio de Transición Ecológica ha recurrido esta concesión y ha emitido un informe desfavorable, así que también nos vamos a personar en ese recurso, porque entendemos que se está incumpliendo la Ley de Costas, el reglamento general de Costas y numerosa legislación ambiental”.
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