El Ayuntamiento de Mijas ha iniciado hoy la desinstalación de un quiosco de playa ilegal, ubicado en la playa de Las Cordobesas de la Butibamba, en cumplimiento de una resolución de la Dirección General de Costas que desde el 21 de diciembre pasado obligaba al Consistorio a su retirada.
Dicho quiosco, que no cuenta con autorización administrativa ni está previsto en el Plan de Playas aprobado por la Junta de Andalucía, acumula un amplio expediente administrativo municipal, habida cuenta numerosos incumplimientos en materia higiénico sanitaria y sobre la normativa de ruidos.
El equipo de gobierno del Mijas ha tratado en numerosas ocasiones de negociar con la familia responsable de dicha instalación fórmulas para su desmontaje, si bien en todo momento se han negado a recibir notificaciones oficiales y a atenerse a razones.
Los grupos del PSOE y Alternativa Mijas, ambos en la oposición, pidieron recientemente conocer el expediente relativo al quiosco, siendo informados de todos los detalles y documentos obrantes en el mismo.
De la misma forma, el equipo de gobierno ha mantenido numerosos contactos con los colectivos empresariales de playas, tanto a nivel provincial como local, que han avalado el desmontaje de la instalación ilegal.
Esta mañana, cuando los operarios iniciaron el proceso de desmontaje del quiosco, la familia ha tratado de impedirlo, llegando uno de sus miembros a encerrarse en su interior, lo que provocó que efectivos de la Policía Local de Mijas procedieran a su desalojo y posterior detención por desobediencia y resistencia a la autoridad.
El detenido, mayor de edad, ha sido puesto a disposición de la Guardia Civil, una vez instruidas las oportunas diligencias y tras ser examinado por personal facultativo del Centro de Salud de Las Lagunas.
Para su arresto, los agentes se vieron obligados a utilizar técnicas coercitivas permitidas en el protocolo de actuación policial.
La concejala de Playas, Carmen Márquez, ha asegurado hoy que el proceso que ha culminado en el desmontaje del referido quiosco se ha desarrollado “con transparencia y de conforme con la legalidad” y la supervisión de la Asesoría Jurídica Municipal, de acuerdo con una resolución de Costas “que si incumplo podría incurrir en prevaricación”, y ha negado intereses personales de ningún tipo al respecto: “cualquier afirmación en este sentido tendrá su contestación ante la Justicia”.
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