Levantar la discrepancia que existe sobre la disponibilidad del presupuesto de 6,7 millones de euros destinado a liquidar el concurso de acreedores es, según el concejal de Urbanismo de Mijas, Andrés Ruiz (Cs), el paso definitivo para darle una solución al Hipódromo Costa del Sol, tras el contencioso administrativo abierto por la administración concursal al Ayuntamiento en 2019. “Eliminaríamos la condición de que la parcela se reconociera de titularidad municipal porque, previamente en el contencioso, ya la administración concursal lo ha reconocido, poder depositar los 6,7 millones, pagar a los acreedores, entre los que se encuentra el Ayuntamiento, y salir del concurso”, explicó el edil en la exposición de este punto en el pleno ordinario del mes de mayo celebrado este martes.

El punto, que se aprobó con los votos a favor de PSOE, CS y Juan Carlos Maldonado y las abstenciones del PP y los concejales no adscritos Carlos Rivero y Esperanza Jiménez, generó un debate entre la corporación. El Partido Popular quiso ir más allá del año 2019 y repasó, según el edil popular Mario Bravo, una cadena de “errores” desde el año 1999 que, dice, ha concluido en el “abandono” de las instalaciones hípicas con su consecuente pérdida patrimonial y la actividad económica que podía haber generado. “Esa actitud voluntaria, consciente y, además, denunciada por la oposición en varios plenos, ha provocado unas pérdidas patrimoniales de 3,5 millones de euros, según un informe que tenemos sobre los daños que han sufrido esos edificios”, subrayó Bravo.

El PP aludía también al exalcalde de Mijas Juan Carlos Maldonado como responsable de una mala administración en este proceso, críticas de las que así se defendía el ahora edil no adscrito manifestando que “yo recibí una denuncia por parte del ámbito del Partido Popular por administración desleal en la gestión del hipódromo, de la cual fui absuelto, se archivó el caso, no se vio ningún tipo de negligencia en mi gestión; lo quería apostillar para aclarar cualquier tipo de duda en los mijeños y validar la exposición del señor [Andrés] Ruiz, que comparto plenamente”.

Por su parte, Esperanza Jiménez se mostraba más preocupada por el ahora, en buscar el mejor proyecto para las instalaciones hípicas. “Tras 23 años, creemos que la sensación que tiene la gente es que se han hecho múltiples negocios con el hipódromo pero ninguno ha beneficiado al municipio de Mijas; esperemos que este sea el último pago que debamos hacer y que entre todas, junto con la ciudadanía, sepamos buscar un proyecto ilusionante”, señalaba la edil no adscrita.

Gestión

Desde el PSOE insistían en la importancia de salvar esa discrepancia para poder avanzar en este proceso, que necesita la aprobación judicial, y recuperar el espacio del hipódromo y revertir su uso y disfrute en la sociedad, por lo que el edil Roy Perez se dirigía a Mario Bravo diciéndole que “usted ha intentado ensuciar toda la gestión que se está haciendo para algo que realmente es importante para este municipio, para sus vecinos y vecinas, que es recuperar ese espacio, que conocemos como el hipódromo, un espacio que está en plena Costa del Sol, un lugar idílico”. 

También, el alcalde de la ciudad tomaba la palabra. Josele González decía que “si contamos la historia, vamos a contarla bien” sobre el Hipódromo Costa del Sol y la empresa que la gestionaba, Recursos Turísticos, porque “cuando ustedes [en referencia al PP] llegaron al Consejo de Administración, heredaron una deuda de apenas 500.000 euros, cuando ustedes abandonaron dicho consejo, cuando cambió el gobierno en 2015, prácticamente, cuadruplican esa deuda llegando casi a los dos millones de euros. ¡Enhorabuena por la gestión, lo han hecho ustedes fantásticamente! Pero es que no solo han hecho eso, que es lapidar esa herencia que recibían, también entregan un fallecido, que es lo que es hoy en día Recursos Turísticos”.

Además, añadía el alcalde, el PP construyó un “karting ilegal sin licencia de obra y sin contrato alquilándole a un colega una parcela de 14.000 metros cuadrados por 1.200 euros al mes”; y recordó que “en diciembre de 2014, Hacienda les pidió que liquidaran la empresa”. Tras todo esto, destacaba González, ahora tenían la oportunidad de salir del concurso de acreedores, “rescatar la parcela y ponerla de nuevo en valor y en servicio de la ciudadanía”.

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