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28/04/2024

Actualidad

La Policía Nacional desmantela una red que extorsionaba a ciudadanos rusos con la amenaza de supuestos procedimientos judiciales

Se han llevado a cabo seis diligencias de entrada y registro en domicilios de Mijas, Marbella y Estepona y han sido detenidas siete personas

Redacción. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que, presuntamente, extorsionaba a ciudadanos de origen ruso en las provincias de Málaga y Madrid, a quienes llegaban a reclamar cantidades de 500.000 euros para solventar o evitar supuestos procedimientos judiciales en los que les hacían creer que estaban implicados. Durante el curso de la investigación se han llevado a cabo seis diligencias judiciales de entrada y registro en domicilios de Mijas, Marbella y Estepona y han sido detenidas siete personas en Málaga y Madrid.

Los agentes han logrado intervenir diversa documentación en papel y en formato electrónico y digital (ordenadores, tabletas y más de 30 smartphones, algunos de ellos con varias tarjetas SIM), que a simple vista podrían evidenciar la actividad extorsionadora realizada por el grupo criminal.

Además han sido embargadas cuentas bancarias en cinco entidades financieras distintas y se han intervenido unos 45.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, así como gran cantidad de joyas, relojes y casi un centenar de bolsos de lujo, algunos de ellos con factura de compra cercana a los 20.000 euros.

 

Comienzo de la investigación

Las investigaciones policiales comenzaron a principios del año 2019, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de esta estructura criminal en nuestra provincia. Los agentes averiguaron que los detenidos, presuntamente, cometían las extorsiones haciendo creer a sus víctimas que la organización tenía el poder de generar procedimientos judiciales en Rusia y que, además, tenían acceso a las bases de datos policiales. Los detenidos realizaban un estudio previo y concienzudo sobre sus víctimas, llegando a conocer todas las circunstancias personales, profesionales e, incluso, penales y procesales que pudieran tener en Rusia.

El avance de la investigación aportó otra variante en la actuación de la organización, que consistía en mostrar al extorsionado un supuesto informe policial dirigido a un juez español, en el que la víctima era objeto de investigación por parte de la Policía. Este informe, lejos de parecer falso, tenía apariencia de ser absolutamente real. La capacidad operativa de la organización era tan notable que hizo viajar, en plena pandemia, a un miembro del grupo extorsionador desde Rusia a España, en concreto a Madrid, para entrevistarse reservadamente con personas del entorno cercano de una de las víctimas. El objetivo era dar instrucciones de cómo el extorsionado debía realizar el pago de los 500.000 euros solicitados si quería ver resueltos sus problemas penales en Rusia.

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