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Viernes 22/11/2024

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La Reforma Judicial

Estamos ante la reforma más compleja de las que el nuevo Ejecutivo de Madrid tiene la oportunidad de acometer. Ojalá más pronto que tarde, a tenor del sentimiento popular y de los muchos casos de cuestionable justicia, a las que atónitos asistimos los ciudadanos, tanto en orden civil, como penal, mercantil, laboral y la famosa, por no compartida, Ley del Menor

El Poder Judicial es, como bien dice su nombre, un poder independiente, al mismo nivel que el Legislativo y el Ejecutivo, pero con la particularidad de que puede ser reformado en orden inverso. Si el Gobierno quiere (y puede), se logra modificar la Ley. Muchas veces culpabilizamos a los jueces de sus actuaciones, pero es fácil ponerle cara a la indignación. Más razonable será modificar los textos legales y códigos, acordes a la nueva realidad social.

La Constitución de 1812, la famosa ‘Pepa’, ya en su artículo 280 consagraba: “No se podrá privar a ningún español del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros elegidos por ambas partes”. Algo ha llovido, mucho ha avanzado, pero nos sigue faltando determinación para llevarla a efectos puramente prácticos, para lo que es necesario dar un paso más, adelantarse al delito, cuando éste ya se olfatea. Es necesario el resarcimiento real de lo dañado.

Es noticia en estos días que el famoso Rafita, uno de los asesinos de Sandra Palo, con un largo historial delictivo, ha vuelto a ser puesto en libertad, apenas 24 horas después de su décima detención, contrariamente a la petición que hacía la delegada del Gobierno en Madrid, para que fuese ingresado de nuevo en prisión. María del Mar Bermúdez, madre de Sandra, promueve desde hace nueve años la reforma de la Ley del Menor, sin ningún éxito, a pesar de los numerosos casos que hemos vivido, como la sentencia del caso Marta del Castillo, y tantas…

La ‘presunta’ agresión física del joven ucraniano a tres jóvenes de la zona Fuengirola y Mijas, afortunadamente detenido e ingresado en prisión, ha despertado la lógica ira de familiares y amigos que han pedido justicia ante las puertas del Juzgado. Pero es bueno tener la mente fría, esa misma escena se recuerda cuando en 1999 surge el caso del asesinato de Rocío Wanninkhof. Dolores Vázquez pasó por ese calvario de linchamiento social y mediático para, finalmente, tras haber sido condenada e ingresada en prisión, tener que reconocer la justicia que se había equivocado; todos, nos habíamos equivocado.

Otro error flagrante aún no reconocido, el caso del mijeño Francisco Manuel Peinado, en prisión por la muerte de un joven a la salida de una discoteca de Benalmádena, en 2007. Condenado por un jurado popular (7 a favor y 2 en contra) en un caso lleno de claroscuros, en el que no se halló ADN que inculpara a Francisco, ni se encontró el arma ni otra prueba que lo inculpara, incluso se denegó la investigación de las imágenes de los bancos de la zona. Solo la declaración de la testigo ocular que acompañaba a la víctima, posteriormente desmentida por otro testigo. Su familia aún pide justicia para él, y para la víctima fallecida, puesto que el asesino seguramente anda suelto.

Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella, junto a Juan Antonio Roca, y otros “malayos”, todavía andan declarando por los Juzgados por las numerosas instrucciones abiertas, pero ninguno de ellos, como ocurrió con Isabel García Marcos, y tantos otros, ha devuelto un céntimo de lo robado, todo lo más, piden indemnizaciones por haber sido separados de sus puestos de trabajo. Toda esa Justicia, la que no se distingue precisamente por su diligencia, cuesta dinero al Estado, a la comunidad autónoma y, por supuesto y, en definitiva, al ciudadano.

La violencia de género (indistintamente de uno u otro), las separaciones de pareja, la custodia de los hijos; también aquí falla nuestro orden legislativo.

La Policía es uno de los estamentos más necesitados de ella. Es realmente frustrante que, tras la detención de un individuo con orden de captura, con largo historial delictivo, que se resiste y arremete a quienes le arrestan, o un simple carterista con docenas de detenciones, sean puestos en libertad nada más prestar declaración. ¿Acaso nos creemos todo lo que dicen los presuntos delincuentes?

Cabe esperar mucho más de la Justicia: agilidad, anticipación, equidad, eficacia y eficiencia. Para ello, hay que dotarla de mejores medios, humanos y materiales. Pero, sobre todo, requiere de una profunda reforma, cargada de sentido común. ¿Tan difícil es aprender de los errores, de tantas sentencias que nos revuelven el estómago?, ¿de puestas en libertad de reos que han delinquido durante los permisos penitenciarios?, ¿de menores que tienen la fuerza de un adulto y la mente de un asesino?

La próxima, la Reforma Judicial.

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