El proyecto del PEM lleva parado 10 años a causa de las actuales normativas urbanísticas de la Junta de Andalucía, lo que ha perjudicado mucho a los comuneros, que invirtieron más de 8 millones de euros para comprar los terrenos de La Atalaya.

Los empresarios piden la colaboración de las instituciones para que finalmente sea una realidad. “Nosotros queremos que la iniciativa pública y la privada vayan de la mano para que el parque vaya hacia adelante”, aseguró el presidente del PEM, Julio Fernández.

El POTA considera que los terrenos de los empresarios deben estar protegidos, lo que ha frenado el desarrollo del parque. “Nosotros no entendemos cómo se ha tomado esta decisión desde Sevilla. Queremos que sean los ayuntamientos los que decidan que territorios deben protegerse”, destacó el alcalde de Mijas, Ángel Nozal. 

Esta protección, aseguró, “es territorial, no medioambiental”. El regidor señaló que los empresarios “necesitan una respuesta clara y concreta a sus necesidades, tras muchos años de problemas”.

Por su parte, el máximo responsable de la Diputación asegura que desde el gobierno se está trabajando para apoyar a los empresarios. “Rajoy ya ha puesto en marcha una serie de medidas para apoyar a los empresarios y emprendedores, que son los que generan empleo”.

Como presidente del PP malagueño, Bendodo ha tranquilizado a los empresarios y ha asegurado que el proyecto es una prioridad para él y para todos los populares. “Nuestro compromiso es el mismo que el del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas. También es el compromiso de Javier Arenas si gana las elecciones el 25 de marzo”.

Para los populares el proyecto del PEM es muy importante para la economía del municipio, del que dependen muchos puestos de trabajo.

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