F. M. Romero. Las Ayudas de Emergencia que tramita el Ayuntamiento de Mijas a través del área de Servicio Sociales son unas ayudas necesarias para evitar que nadie se quede desplazado, previniendo y luchando contra los procesos de exclusión social, tanto a los que ya se dan, como a los que se pueden dar en el seno de las diversas unidades familiares.

En este sentido, el balance de 2019 arroja que Servicios Sociales destinó 235.000 euros a ayudar a 680 familias mijeñas para apoyarlas en momentos puntuales de dificultad. Una labor que el alcalde de Mijas, Josele González (PSOE), quiso destacar, poniendo en valor “el trabajo ingente que se ha venido desarrollando desde el área de Servicios Sociales, sobre todo, en el último mes de diciembre, llevando a cabo una labor en un programa imprescindible”.

A su vez, el concejal del departamento responsable, Hipólito Zapico (PSOE), recordó que “este presupuesto de 2019 ha ayudado a las familias con un apoyo medio de 425 euros anuales”, así como el apoyo del alcalde a las personas con menos recursos de la localidad, señalando además que “se ha reducido hasta en 15 días el trámite de estas ayudas gracias a la implicación y colaboración del personal destinado a este programa que ha aportado soluciones, ideas, y propuestas”, afirmó.

En cuanto al futuro de estas ayudas, el primer edil aseguró que se reforzarán porque “es fundamental y, por eso, no solo dotamos al área de Servicios Sociales con recursos económicos, sino también con recursos humanos, ya que tiene que ser ágil y flexible”. Para ello, “para responder a esas necesidades de emergencia de muchas familias mijeñas”, destacó González, “Servicios Sociales estará mejor dotado presupuestariamente en 2020 con casi 400.000 euros”.

Requisitos para optar a las Ayudas de Emergencia
Las personas o familias que pueden acceder a estas ayudas deben cumplir con una serie de requisitos como llevar al menos un año empadronado en el municipio, encontrarse en una situación de urgencia y/o emergencia social, que la suma de las rentas de los integrantes de la unidad familiar a la que pertenezca la persona no supere el baremo IPREM estipulado por el Ayuntamiento y, suscribir, en su caso, los compromisos que se establezcan en el proyecto de intervención social.

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