La junta de gobierno de la Diputación ha acordado hoy exigir a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía que transfiera cuanto antes 1,53 millones de euros pendientes del primer pago de 2012 de la ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia. Este dinero servirá para financiar el servicio que presta la institución provincial y que beneficia a un total de 2.076 personas.

Según el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Salado, la Junta de Andalucía “tendría que haber hecho efectivo el pago en los últimos días del pasado mes de febrero y tres semanas después la Diputación aún no ha recibido la transferencia”.Este retraso, ha dicho Salado, “causará un perjuicio económico porque se priorizará el servicio de ayuda a domicilio pero para financiarlo habrá que usar un dinero que aún no está en las arcas de la institución, lo que obligará a sacarlo de otras partidas presupuestarias”

La petición de fondos a la Junta se ha realizado con una carta firmada por la vicepresidenta tercera, Ana Mata, a la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social. En ella se alude a una resolución del director de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, del 20 de enero, que aprueba la transferencia aún pendiente.

Salado ha manifestado su sorpresa por el retraso en el primer pago de la Dependencia para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, y ha lamentado que “un dinero que sirve para facilitar la vida diaria a más de 2.000 malagueños aún no haya salido de la Junta a pesar de que existe una resolución firmada para ello de hace dos meses”.

Una deuda de la Junta por la Ley de Dependencia de 5,3 millones

Por otra parte, Mata se ha reunido hoy con familiares de internos en los centros Sagrado Corazón y Aspromanis, a los que la Diputación paga la atención que les corresponde por la Ley de Dependencia ante la falta de financiación por parte de la Junta de Andalucía.

Mata ha comunicado a los familiares de las 27 personas internas en estos dos centros privados que su atención está garantizada por la Diputación a lo largo de todo el año 2012 a pesar de que es la Administración regional la responsable de la prestación de estos derechos, según ha recordado. El coste asciende a 614.136 euros.

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