La nave anexa a los estudios de Mijas Comunicación, que se construyó durante el pasado mandato incumpliendo la normativa urbanística, podrá ser legalizada en un futuro. Sobre el edificio pesaba un expediente disciplinario abierto por la Policía Urbanística que motivó la paralización de las obras. Una circunstancia que se subsanará, como comentó el concejal Andrés Ruiz (C’s), desde el área de Urbanismo, que ya ha llevado un levantamiento topográfico de la parcela donde se levanta el inmueble a fin de iniciar la redacción de un proyecto de legalización. Dicho proyecto, que contempla unas catas que determinen la estructura y los elementos constructivos de la nave, será elaborado por personal externo con el apoyo de la oficina técnica de Urbanismo del Ayuntamiento. Una vez redactado, dará lugar a la legalización del edificio, que se incorporará al inventario municipal.

“El informe que se confeccionó sobre la legalidad urbanística de la nave dejaba constancia de que el edificio era legalizable, ya que solo existe un incumplimiento de separación con respecto al lindero de los actuales estudios”, apuntó Ruiz, que explicó que se trata de una cuestión que se puede salvar “anexionando el nuevo edificio al existente mediante un muro que los comunique”. La hoja de ruta que se ha marcado el Consistorio comenzará, por tanto, por la legalización del edificio, sobre el que pesa un expediente de disciplina urbanística.

A continuación, se redactará un pliego con las características técnicas de la dotación y el mobiliario necesario. Una vez presupuestado, la idea es poder adquirirlo desde el Ayuntamiento y cederlo a Mijas Comunicación. “De esta forma, pondremos fin a una gestión horrorosa y pésima del antiguo equipo de gobierno del PP, que hemos tenido que poner sobre la mesa con el objetivo de solucionar un asunto tan tedioso”, añadió Ruiz.

El caso, en manos de la Justicia
El hecho de que la nave se construyese sin tener en cuenta los procedimientos administrativos, careciendo el proyecto de expediente de contratación e informes de seguridad y salud, originó una denuncia por parte del Grupo Municipal Socialista, que dio lugar a que el juez decretara la investigación tanto del anterior alcalde, Ángel Nozal (PP), como del entonces concejal de Contratación, Marco Cortés (PP). El concejal de Urbanismo confió en que se depuren las responsabilidades penales en el ámbito de la Justicia e insistió en que “nosotros lo que hemos intentado es la legalización de una nave que está prácticamente terminada. La solución final pasa por que es legalizable y, por tanto, proceder a su derribo no sería ajustado a la ley y en eso hemos estado trabajando durante estos meses”.

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