El Consistorio acaba de incorporar a tres empleados de Recursos Turísticos de Mijas (RTM), la empresa encargada de gestionar el Hipódromo Costa del Sol, a la plantilla municipal, debido a una sentencia judicial que reconoce “la cesión ilegal de trabajadores”, que se produjo durante el mandato en el que fue alcalde Ángel Nozal (PP).
Según el equipo de gobierno, la ex consejera delegada de RTM y actual concejala del PP, Lourdes Burgos, envió a los tres afectados a desempeñar sus funciones en el Patronato de Deportes. Este hecho provocó una denuncia que ha desembocado en que el juez contemple dicho delito. El ejecutivo insiste en una nota de prensa en que “una vez más se pone de manifiesto la gestión del PP en Mijas y las consecuencias que trae para la localidad”.
Otra sentencia
A este caso se suma la sentencia en primera instancia de “cesión ilegal de trabajadores” de la monitora Miriam Bornao. Esta joven contratada por el Club Atletismo Mijas (empresa privada y actual Club Polideportivo Mijas) en septiembre de 2011, también siendo alcalde Nozal, ha ganado el litigio abierto con el Consistorio. El caso se remonta a 2011, cuando Bornao pasó a ser monitora del actual Club Polideportivo Mijas y a compaginar en octubre de 2014 esa jornada laboral con la de conserje en el polideportivo de La Cala; continuando como trabajadora de la empresa, pero dependiendo en la práctica del Área de Deportes.
Ante las críticas de otros partidos políticos, el Ayuntamiento de Mijas afirma que se ha visto en la obligación de recurrir esta decisión judicial ya que “hablamos de fondos públicos y de una trabajadora de una empresa privada”. El ejecutivo aclara que la diferencia principal respecto al caso de Recursos Turísticos es el origen de la entidad, ya que la gestora del Hipódromo es en un 97% pública.
Desde el Consistorio señalan que “la comparativa tampoco es posible pues los trabajadores del recinto hípico se encontraban sin cobrar en una empresa en liquidación, hecho que no se da en el Club Polideportivo Mijas”, añaden. Para el equipo de gobierno, “no saber diferenciar la empresa privada del ente público es lo que ha llevado al Ayuntamiento de Mijas en la etapa de gobierno del Partido Popular a cometer presuntas irregularidades que será la justicia quien tenga que dirimirlos”, apuntan desde el equipo de gobierno.
En el comunicado también afirman que el Consistorio ha recibido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) donde se le condena a pagar 6.000 euros a un empleado municipal por los daños morales sufridos durante la época de gobierno del PP.
El Ayuntamiento asegura que esto demuestra de “una manera de gestionar de espaldas a la normativa, que está costándole dinero al bolsillo de todos los mijeños” y que el actual equipo de gobierno tiene que asumir.
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