Al grito de 'Susana paga ya' y sosteniendo una pancarta en la que recuerdan que llevan ya 35 meses sin cobrar, los trabajadores del CIOMijas organizaron ayer la primera de una serie de movilizaciones que ya tienen planteadas en otros puntos de la provincia. Tras más de dos años sin cobrar acudiendo cada día a un puesto de trabajo en un centro que se deteriora por momentos, los afectados han decidido pasar a la acción. Su mensaje es claro. “La solución correcta es la apertura del centro y que nosotros nos incorporemos al SAE igual que los compañeros del resto de consorcios”, manifestó Manuel Gallego, trabajador del CIO.

De hecho, para el resto de consorcios malagueños, que pasaron por la misma situación que el centro caleño, la solución llegó con mucha más premura. Solo desean que el CIO corra su misma suerte. “No se lo deseo a nadie, no me parece de recibo que una administración no sea capaz de resolver un conflicto con un trabajador y lo tenga abandonado”, apuntó José Luis Camarero, trabajador de La Cónsula.

La manifestación se inició en las puertas del centro. Los trabajadores, arropados por numerosos familiares, amigos y compañeros recorrieron las calles caleñas hasta el Torreón, donde disfrutaron de una paella. Según aseguró el abogado de los afectados, Jordi Ventura, la solución a esta situación podría retrasarse dado el recurso administrativo que los liquidadores han presentado contra la decisión del Consejo General, que no aprobó la propuesta de liquidación. Sin embargo, aclaró que “desde el punto de vista legal, los trabajadores en ningún momento deberían haber dejado de cobrar sus nóminas a pesar de que el CIO se esté liquidando”.

Para Ventura, se espera que en los próximos meses el juzgado admita a trámite la querella presentada por los trabajadores el pasado 2 de mayo contra los responsables del consorcio. Mientras tanto, siguen sin tener noticias sobre su futuro. “Desde hace dos semanas, no tenemos ninguna noticia, no sabemos si es verdad eso de que antes del verano van a pagar o qué van a hacer”, lamentó Gallego. El abogado de los afectados recuerda que será el juez el que decida si exime a los trabajadores de acudir a su puesto de trabajo y decreta el cierre cautelar de las instalaciones mientras que se decide el porvenir del CIO.

Reacciones políticas
Miembros de la Corporación municipal y la parlamentaria andaluza Irene Rivera (C's) también quisieron arropar a los trabajadores en la tarde de ayer. Junto a ellos, recordaron, llevan ya dos años de lucha a nivel institucional con el único objetivo de devolverles sus derechos y volver a hacer del CIO un centro de referencia en el panorama turístico. “Es dramático que dos años después sigamos en el punto de partida, me parece que esta es ya una situación indecente”, manifestó Rivera.

Costa del Sol Sí Puede (CSSP) Mijas anunció que se unirá a la querella criminal presentada por los trabajadores, cinco personas que, asegura el portavoz de CSSP, Francisco Martínez, están viviendo auténticos dramas personales. “Esta es la primera de una serie de movilizaciones que vamos a realizar para llamar la atención sobre el problema gravísimo de dejación de funciones de la Junta y por lo que están haciendo con estas instalaciones, 35 millones de dinero público que están muertos”, comentó Martínez.

Por su parte, el Partido Popular presentará una moción en el seno de la Diputación provincial para exigir “el pago inmediato de las nóminas atrasadas”, como anunció la concejala popular Carmen Márquez, que recordó cómo desde la Corporación siempre ha habido “unanimidad en torno a este asunto, con la aprobación de mociones para apoyar a este centro”.

La portavoz del Grupo Socialista, Fuensanta Lima, también estuvo presente en la manifestación. También asistió la concejala de Ciudadanos Mari Carmen Carmona, que reiteró el apoyo del Ayuntamiento a los afectados. “Estamos aquí apoyando porque el CIO está cerrado y no podemos permitir que estas familias pasen por esta situación”, indicó. El Ayuntamiento de Mijas ya aportó al presupuesto de liquidación el 20% que le correspondía como miembro del consorcio. Ahora es la Junta de Andalucía la que debe dar el próximo paso para garantizar el futuro del centro, incorporando a sus trabajadores al Servicio Andaluz de Empleo y asumiendo el mantenimiento y reapertura de las instalaciones.

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