La formación naranja asegura que, desde que llegó al equipo de gobierno, tenía serias dudas de la gestión del Hipódromo Costa del Sol y del desarrollo urbanístico del sector en el que se asienta. Según Ciudadanos Mijas, “tanto los estudios elaborados por dos catedráticos expertos en derecho urbanístico y mercantil así como el informe elaborado por el secretario municipal” avalan estas sospechas sobre las “presuntas irregularidades” que lo han rodeado. Asimismo, destacan que “desde que el regidor Juan Carlos Maldonado alcanzó la alcaldía ha luchado por apartar de la vida pública mijeña las prácticas alejadas de la legalidad”.
Este partido político manifiesta que el hipódromo es un “claro ejemplo de lo que no se debe hacer en política” y recuerda que desde el principio han intentado “arrojar luz sobre esta situación complicada”. Aparte, destaca que el equipo de Maldonado “ha ido recabando información” sobre el recinto y la sociedad que lo administraba, Recursos Turísticos Mijas. Además, la formación hace hincapié en que, “al detectar actuaciones en el hipódromo de dudosa legalidad y ante la complejidad del asunto, se encargaron unos informes a catedráticos expertos en la materia”.
Y ahora el reciente informe del secretario municipal “vuelve a dar la razón” a Ciudadanos en este sentido. “Seguiremos combatiendo este tipo de prácticas”, aseveran, y “tomando medidas para que las personas que han llevado a que los mijeños vivan esta situación asuman sus responsabilidades”.
Ciudadanos menciona, además del “acopio de información y del encargo de informes a los catedráticos”, actuaciones como la aprobación de la revisión del plan parcial y del proyecto de reparcelación en el pleno de diciembre de 2016. También subraya que puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción las “presuntas irregularidades cometidas en el karting situado en el sector del hipódromo”, ya que se realizó en el anterior mandato “un contrato privado con una empresa sin los procedimientos administrativos pertinentes”. Asimismo, se firmó “un alquiler de 1.200 euros al mes a 20 años” con un karting “abierto sin licencia de apertura en terrenos incompatibles con este uso”, lo que provocó que la empresa pidiera “una reclamación patrimonial de un millón de euros”.
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