Según informa el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Mijas tiene que pagar un montante de más de 21.300 euros en sanciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la gestión llevada a cabo durante el mandato del Partido Popular, periodo en el que fue alcalde Ángel Nozal. Además de esta cifra, hay que restaurar los valores naturales de las zonas afectadas, lo que supondrá un coste más para las arcas municipales.

En total, son tres expedientes sancionadores los que ha abierto la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El primero está motivado por la apertura de un camino, de unos 200 metros de longitud por 3 metros de anchura, con alteración del relieve dentro del dominio público marítimo terrestre en la zona del Faro de Calaburras. El segundo, según explican fuentes municipales, está relacionado con “trabajos de limpieza exhaustiva, encauzamiento, escolleras, desviaciones y rectificaciones de cauce así como pasos elevados en hormigón armado de unos 700 metros de longitud” en el área de Río Las Pasadas, afectando al Arroyo Laurel en la zona del Molinillo-Las Matanzas. Finalmente, el tercero, es por la construcción de una obra de paso de 15 metros de longitud por 6 metros de anchura y un metro de altura con escolleras y tierra prensada sobre el cauce del Arroyo del Carmen.

En una nota de prensa, el equipo de gobierno recuerda que la Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito contra la Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente por el hormigonado de caminos rurales. Los hechos se pusieron en conocimiento de la Junta de Andalucía en el año 2014 y la Justicia está estudiando actualmente el caso. La Fiscalía ya ha solicitado información al Consistorio sobre este asunto.

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