¿Qué mecanismos tiene previsto poner en marcha el Gobierno para exigir a la Junta de Andalucía que asuma su compromiso con los empleados del CIOMijas en Málaga? Con esta pregunta, formulada ayer por los parlamentarios Eva García Sempere y Alberto Montero Soler en el Congreso, Unidos Podemos ha pedido una solución a la situación que padecen los trabajadores del CIOMijas, que llevan ya 26 nóminas sin cobrar.

Ha sido Costa del Sol Sí Puede y Podemos Mijas los que han solicitado a los diputados trasladar este problema al Gobierno central en Madrid ante “la pasividad”, manifiestan, de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que, aseguran, “está más interesada en lo que sucede fuera de nuestra comunidad”.

Son muchos los trabajadores, alumnos y personas relacionadas con los Consorcios de Formación en Andalucía los que mantienen la incertidumbre sobre el futuro de estos centros, después de que la Junta de Andalucía decidiera iniciar un proceso de reconversión de los mismos, y de que en septiembre de 2015, según CSSP, “la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía asegurara que el citado mes sería el de la resolución definitiva de esta situación”.

Ante ello, la semana pasada, el portavoz de CSSP, Francisco Martínez, aseguraba que “ahora, visto que la Junta de Andalucía pasaba de este tema, hemos pasado al Congreso de los Diputados, como autoridad y administración máxima y órgano de la soberanía popular, no solo local y autonómica sino nacional, para que le diga a la Junta que le dé, por lo menos, una solución a los trabajadores”.

En este sentido, el concejal también asegura haber ultimado un recurso que presentará ante lo Contencioso Administrativo para hacer efectivo el cumplimiento del acuerdo plenario aprobado en la sesión de agosto mediante moción de Costa del Sol Sí Puede con enmienda del PSOE, que instaba a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento a estudiar una querella contra la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por un presunto delito de incumplimiento de los derechos de los trabajadores. El punto también recogía la celebración de un concierto en el que el Consistorio adelantaría la cantidad que se le adeuda a los trabajadores del CIO, siempre y cuando el Gobierno autonómico reconociera por escrito la devolución de la cantidad adelantada por el Ayuntamiento.

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