Según el equipo de gobierno, el Partido Popular mijeño ha propuesto en el pleno corporativo celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Mijas que “el Consistorio proceda a la demolición de viviendas con infracciones urbanísticas adjudicadas al ente local a través de subasta” . La polémica ha saltado en el punto dos del orden del día, donde se ha rendido cuenta a la corporación sobre uno de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno Local (JGL) donde se reflejaba la propuesta del equipo de gobierno de incorporar al Patrimonio Municipal los bienes obtenidos en subasta siguiendo una serie de requisitos. Esta decisión recoge la facultad de resolver la adjudicación de dichos bienes en JGL además de la tramitación de los expedientes por parte del Departamento de Recaudación, donde, previamente a la incorporación del bien al Patrimonio Municipal, contenga informes sobre si existe algún procedimiento contra el bien objeto de adjudicación, las propiedades que pudiera tener el Ayuntamiento próximas al mismo, o el escrito actualizado del Departamento de Urbanismo en el que se compruebe in situ el estado del bien.
Anteriormente, recuerda el equipo de gobierno, “el Consistorio se estaba adjudicando bienes en subasta obviando toda esta serie de puntos esenciales para valorar y, en muchas ocasiones, tan solo con las referencias catastrales. Esto ha provocado que el Ayuntamiento cuente en su haber con numerosos inmuebles enajenados por infracciones urbanísticas que ahora tiene que demoler, lo que supondría un mayor gasto de la adjudicación”.
Así pues, según el equipo de Ciudadanos, “el PP pretende que el Consistorio derrumbe inmuebles justo ahora, después de haber estado cuatro años en el gobierno adjudicándose bienes con este tipo de problemas urbanísticos como multas coercitivas y órdenes de demolición. El ejemplo más conocido en el municipio es el de la Finca del Malagueño, donde, además, el propio Ayuntamiento está denunciado por haberla utilizado tras su adjudicación como una nave ilegal de los Servicios Operativos”.
Esta petición de los populares, según una nota de prensa de Alcaldía, “ha sorprendido enormemente al equipo de gobierno de Ciudadanos debido a que ha sido precisamente este grupo político popular quien, en su mandato de gobierno en mayoría, desmanteló el departamento de infracciones urbanísticas. Con esta medida, con la que únicamente pretendían ganar votos, los miembros del PP consiguieron echar la vista a un lado y que no se llevaran a cabo las pertinentes medidas cuando se comete una infracción. Así pues, se ha consentido que existan personas que estaban cometiendo presuntas irregularidades en el ámbito urbanístico”.
Partido Popular
Durante la exposición de este segundo punto, el portavoz adjunto de los populares, Mario Bravo (PP), instó al equipo de gobierno a “llevar a cabo todas las demoliciones ordenadas o, al menos, de aquellas viviendas donde no residan personas, que puedan tener un carácter industrial y que, quizá, sea con las que primero se debería empezar”.
Bravo solicitó que estas órdenes de demolición “se inscriban en el registro de la propiedad” y afirmó que si “desde noviembre no están inscritas no es por culpa del entonces concejal de Hacienda, sino porque Urbanismo no las ha tenido a bien, no lo ha considerado oportuno o no ha querido hacerlo, y no por culpa de que no hubiera fondos en el presupuesto municipal, ya que en octubre de 2015 les recordé que en ese momento quedaban 205.000 euros pendientes”.
Por su parte, Andrés Ruiz le respondió que “sí es una obligación de Urbanismo, pero también se exige una documentación que hasta la fecha no se hacía por parte del anterior equipo de gobierno”. Y concluyó: “no tenemos 205.000 euros para inscribir esas demoliciones, se lo aseguro”.
Comparte esta noticia desde el siguiente enlace: https://mijascom.com/?a=10874
