El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha iniciado formalmente el proceso de regularización de viviendas en suelo no urbanizable, una vez hecho público el decreto de la Junta de Andalucía que abre la vía de la legalización y tras elaborar una hoja de ruta interna que marcará los pasos de la gestión municipal en el proceso.

Hoja de ruta que técnicos y asesores del Ayuntamiento de Mijas habían elaborado hace varias semanas, y que el equipo de gobierno ha decidido no empezar a ejecutar hasta tanto comprobar que dicho documento no entraba en colisión con el decreto autonómico. De hecho, hoja de ruta y decreto coinciden en las vías legales y los trámites a seguir en el proceso de regularización.

Así, el equipo de gobierno ha decidido iniciar el trámite de legalización mediante la realización de un inventario de todos los asentamientos de viviendas y edificaciones existentes en el suelo no urbanizable de Mijas, que dará lugar a un documento que analizará la realidad física de los asentamientos que son susceptibles de integración en el ordenamiento urbanístico del PGOU.

Para la realización de dicho inventario, el equipo de gobierno contratará de forma inminente los servicios de una empresa especializada, de reconocido prestigio en el campo del urbanismo, a fin de agilizar el trámite. El documento podría estar concluido en un plazo no superior a tres meses.

El inventario será la base de la revisión del PGOU en suelo No Urbanizable, que el equipo de gobierno pretende aprobar inicialmente a la mayor brevedad, si bien su aprobación definitiva depende de los técnicos de la Junta de Andalucía.

Una vez aprobada la revisión del PGOU, los propietarios de las viviendas susceptibles de legalización deberán emprender una serie de gestiones administrativas y propiamente urbanísticas para conseguir el permiso de primera ocupación de las edificaciones o viviendas o, en su defecto, el certificado de reconocimiento para las viviendas aisladas que hayan prescrito.

No obstante, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha querido dejar bien claro que “no todas las viviendas irregulares podrán ser legalizadas”, ya que el propio decreto de la Junta impone limitaciones, que según el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, “trataremos de interpretar”, con el objetivo de que el mayor número de viviendas puedan obtener la calificación.

De la misma forma, Navarro recordó a todos los propietarios de viviendas irregulares que entre sus obligaciones se encuentran costear el proceso de legalización.

Según señaló el concejal, el decreto de la Junta que abre la vía de la legalización es fiel a lo que “hemos venido defendiendo desde 2007, primero en la oposición y ahora en el gobierno municipal”, circunstancia que propició la elaboración de una hoja de ruta “que no hemos querido hacer pública hasta tanto no se conociera el contenido exacto del decreto, que esperábamos desde el pasado mes de octubre”, ya que “este equipo de gobierno no quiere entrar en colisión con el Gobierno andaluz” puesto que “hemos sido elegidos para solventar los problema de los ciudadanos”.

Con el fin de agilizar la tramitación necesaria del proceso de regularización de viviendas, el concejal de Urbanismo ha mantenido hoy las primeras reuniones con técnicos externos y expertos urbanistas, ya que su intención es que la próxima semana comience la realización del inventario de asentamientos.

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