La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas ha iniciado un estudio para determinar cómo afecta a las edificaciones y urbanizaciones del término municipal la delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Esta fue aprobada a principios de diciembre por la Demarcación de Costas del extinto Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino del anterior gobierno de la Nación.

Se trata de un deslinde que comprende una franja litoral de 3.939 metros, entre la urbanización El Chaparral y el término municipal de Fuengirola, en la que se asientan numerosas construcciones perfectamente legalizadas por el Plan General de Ordenación de Mijas.

Al situarse fuera del deslinde aprobado por Costas podrían ser consideradas como viviendas fuera de ordenación, a pesar de que muchas de esas edificaciones cuentan con más de tres décadas de antigüedad.

El deslinde propone franjas de protección costera que afecta entre 20 metros y 100 metros tierra adentro a urbanizaciones mijeñas. Es decir, que esta delimitación podría vulnerar los derechos adquiridos desde 1987 por el PGOU de Mijas.

En este sentido, el edil de Urbanismo ha denunciado que el anterior gobierno municipal no hubiera ejercido algún tipo de acción o alegación ante la Dirección General de Costas. “El equipo de gobierno anterior no se tomó interés en este asunto”, aseguró Manuel Navarro.

Ahora, la vía que queda a los propietarios de viviendas de la zona afectada para proteger sus intereses legales es presentar un recurso administrativo a la delimitación del deslinde, contando para ello con un plazo que expira el próximo 20 de enero.

Mientras tanto, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas tratará de negociar con la Dirección de Costas, “desde el ámbito técnico, porque estamos convencidos de que esta situación se puede solventar por la vía amistosa”, señaló Navarro.

El edil también informó de que el Ayuntamiento podría ejercer su derecho a acudir a la vía contenciosa-administrativa, para que sean los jueces quienes decidan finalmente si prevalecen los derechos adquiridos por los propietarios vía PGOU desde 1987 o, si por el contrario, predomina el criterio marcado por la Ley de Costas, cuya aprobación es posterior.

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