Los concejales populares Mario Bravo y Carmen Márquez han denunciado el “grave atentado medioambiental” que se está produciendo en el diseminado Río Ojén donde, según aseguran, han tenido lugar distintos movimientos de tierra así como la construcción de “una falsa casa de aperos y dos grandes balsas sin licencia, arrasando más de 30 hectáreas de suelo especialmente protegido”. Según los populares, el área de Disciplina Urbanística tiene conocimiento de esta situación desde enero. No obstante, prosiguen, “no fue hasta el 12 de abril cuando se emitió un decreto” instando al promotor a restablecer el orden jurídico perturbado. “Es decir, que realizan un desmonte no autorizado arrasando con árboles de la zona, tanto de Mijas como de Ojén, construyen algo que no es lo que declara la licencia y encima el departamento de Disciplina Urbanística tarda tres meses en tomar una decisión y tarda otras tres semanas más en notificarlo”, expuso Bravo.
El caso, como expone el PP de Mijas, también fue denunciado por vecinos de la zona, lo que dio lugar a la intervención del Seprona que, apuntan, cifró en hasta diez leyes y normas relacionadas con el medio ambiente las infringidas por parte del promotor. Por todo ello, el PP asegura que llevará al alcalde ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

Además, denunciaron que “hay construcciones de Ojén invadiendo el término de Mijas que se erigieron en época socialista”. Afirmaciones a las que la secretaria general del PSOE, Fuensanta Lima, respondió que “somos tan contundentes como otros partidos con las ilegalidades que se puedan cometer en esta materia”.

El Ayuntamiento se lamenta “de la falta de rigor del PP”

Según el equipo de gobierno, en enero la Policía Local levantó un acta notificando al constructor la paralización de las obras, al advertir que desde hacía más de un año se estaban ejecutando trabajos que podrían no ajustarse a la licencia concedida. Según fuentes municipales, el PP podría obviar estos hechos “porque soslaya que desmanteló, intencionadamente, el departamento de Infracciones Urbanísticas (...) con el objeto de evitar la imposición de multas, sanciones y órdenes de demolición (...) permitiendo que se infringiera la legalidad urbanística vigente”. Asimismo, el equipo de gobierno aconseja a los populares que “lean y estudien detenidamente el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado establecido en la LOUA”, que articula una serie de derechos para los presuntos infractores. Además, anuncian que, en caso de no producirse la paralización de las obras, los hechos se pondrán en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente.

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